Gestión y Financiación de los Servicios Públicos del Agua (II)

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En las jornadas organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local Granada sobre la gestión y financiación de los Servicios Públicos del Agua se ha profundizado sobre la importancia que los servicios urbanos del agua tienen en la actualidad replanteando algunos de sus fundamentos básicos.

En esta segundo post sobre las Jornadas os resumimos las ideas más destacadas que se produjeron en la segunda réplica realizada en la Universidad de Sevilla en colaboración con Cosital Sevilla.

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En la primera ponencia sobre “Presente y futuro de los modelos de gestión indirecta de los servicios urbanos del agua: especial referencia a la sociedad de economía mixta”, D. Mariano López Benítez, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, sostiene que esta forma de colaboración institucional permite a la administración a través del Derecho mercantil participar de forma activa en la gestión del servicio y, participar en el beneficio derivado de la actividad económica de la sociedad. En su opinión, el principio de subsidiariedad aplicado a las directivas permite que cada estado miembro pueda gestionar los servicios públicos conforme a su legislación nacional.

En la segunda ponencia sobre “Presente y futuro de la gestión de los servicios públicos locales a la luz del nuevo marco establecido en la Directiva de Concesiones. Especial referencia a la concesión de gestión de servicios públicos”, Dª. Encarnación Montoya Martín, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, puso de manifiesto las discrepancias doctrinales existentes en relación a, si la ausencia de mención en la Directiva de concesiones a los contratos de gestión de servicios públicos conlleva su desaparición del ordenamiento jurídico español. En su opinión, la concesión de gestión de servicios públicos se mantiene en nuestra normativa, enfatizando que así lo ha entendido el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, quien en recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado a los órganos de contratación en relación con la aplicación de las directivas de contratación pública, mantiene el contrato de concesión de gestión de servicios públicos. Así como, el Consejo de Estado quien en su dictamen al anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público incluye la concesión de servicios a sociedades de economía mixta.

En la tercera ponencia sobre “La potestad tarifaria y política de precios en la prestación de los servicios públicos”, el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, D. Joaquín Tornos Más, ha explicado, como ya hizo en Granada, que con posterioridad a la Ley de economía sostenible del 2011 se ha abierto la posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan decidir financiar los servicios públicos gestionados indirectamente bien mediante una tasa de titularidad pública, bien mediante una tarifa de titularidad privada. El Catedrático ha criticado la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015 porqué en ella la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido conscientemente, con el voto en contra de dos magistrados, no aplicar la Ley General Tributaria según la interpretación que de la misma debería hacerse de acuerdo con la voluntad e intención del legislador manifestada en el proceso de tramitación parlamentaria, y ha sostenido que, a pesar de la modificación del art. 2.2.a) de la LGT, la financiación de un servicio público debe seguir haciéndose únicamente mediante tasa. Esta sentencia no constituye jurisprudencia todavía puesto que solo ha habido un pronunciamiento, por el contrario, ha habido más de 7 sentencias en que el Tribunal Supremo ha manifestado que tras la modificación de la LGT por la Ley de economía sostenible se abre un “panorama diferente”. Este panorama diferente, por pura lógica, no puede consistir en mantener el “panorama” o jurisprudencia sobre la unicidad de la tasa sin caer por ello en un absurdo. Además, destaca el Catedrático que el impedir la tarifa como modalidad de financiación de los servicios públicos supondría cercenar la capacidad de auto-organización de las Administraciones públicas.

En la mesa redonda de la tarde se ha abordado “La problemática de la remunicipalización de los servicios públicos, y en particular de los servicios domiciliarios de agua potable”.

D. Eduardo González Biedma, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, ha comentado en su exposición sobre las situaciones jurídicas sobrevenidas del personal al servicio delas administraciones concesionarias de servicios públicos, que debido a la restricción de capacidad de maniobra de los Ayuntamientos estos deben actuar con extrema prudencia, pues conforme a la STSJ Andalucía 12 de octubre de 2012, los trabajadores quedarían subrogados en el titular de la instalación, afectando la subrogación a todos los trabajadores contratados por la concesionaria, tal y como, lo ha acordado el TJUE en Sentencia de 26 de noviembre de 2015 (Caso ADIF).

En la intervención de Dª. Concepción Horgué Baena, Secretaria General de la Universidad de Sevilla, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, indicó que en la actualidad la regulación contractual constriñe la modificación del contrato a que esté prevista en los pliegos rectores del contrato. Bajo su punto de vista, las directivas permiten mayor flexibilidad en la modificación de contratos, situación que se debería recoger en la transposición de las directivas al ordenamiento jurídico español. Igualmente, se advierte que la decisión discrecional de la administración de extinguir el contrato por razón de oportunidad, conlleva de forma necesaria la reparación integral al contratista, con indemnización del daño emergente y del lucro cesante.

 

Gestión y Financiación de los Servicios Públicos del Agua

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En las jornadas organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local Granada sobre la gestión y financiación de los Servicios Públicos del Agua se ha profundizado sobre la importancia que los servicios urbanos del agua tienen en la actualidad replanteando algunos de sus fundamentos básicos.

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Recientemente, el Tribunal Supremo ha vuelto a cuestionar la posibilidad de considerar esta contraprestación como un precio privado si el municipio así lo decide. Muy relacionada con esta cuestión, se reabre el debate acerca del modelo de gestión ideal y más eficiente de este servicio público. En este sentido, desde diversos sectores de la sociedad se está planteando la necesidad de volver a un modelo de gestión pública de los servicios urbanos del agua acudiendo como argumento (erróneo) a la experiencia en algunas ciudades importantes de otros países.

Destacar en la primera ponencia sobre “Presente y futuro de los modelos de gestión indirecta de los servicios urbanos del agua: especial referencia a la sociedad de economía mixta” los argumentos de la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, Dña. Diana Santiago Iglesias, que ha señalado que la Directiva de Concesiones, todavía no transpuesta en nuestro ordenamiento jurídico, no impide la existencia de sociedades de economía mixta como modalidad de contrato de concesión de servicios públicos, antes al contrario, la Unión Europea es una firme defensora de los modelos de PPP de colaboración público privada institucionalizada. Se sugiere que en la próxima ley de contratos haya una regulación más detallada de este tipo de sociedades que permita resolver algunas lagunas que hoy existen en el ordenamiento jurídico en relación a esta figura.

En la siguiente ponencia que llevaba como título “Presente y futuro de la gestión de los servicios públicos locales a la luz del nuevo marco establecido en la Directiva de Concesiones. Especial referencia a la concesión de gestión de servicios públicos”, el Catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Valencia, D. Juan Francisco Mestre Delgado, ha destacado que con la aplicación de la Directiva de concesiones la duración de los contratos estará condicionada por el plazo de amortización de las inversiones, y por tanto las concesiones de servicios que no tengan aparejada inversión tendrán necesariamente una duración menor de la que hasta ahora han tenido con la legislación vigente. Se destaca también por el catedrático que los servicios públicos del agua han sido excluidos de la Directiva, lo que significa que a nivel europeo no hay una regulación armonizada sobre los procedimientos de licitación de estos contratos. También se critica por el ponente que el contrato de gestión de servicio público se construya jurídicamente como una especialidad del contrato de obras, y no se le reconozca una sustantividad propia. Los abusos en los modificados de los contratos de obras han afectado a la regulación de los contratos de servicios públicos, desterrando prácticamente de su regulación la posibilidad de que la Administración pueda obligar al concesionario de servicios públicos a adaptarse a las nuevas necesidades que los usuarios tengan durante la vida del contrato.

En la tercera ponencia sobre “La potestad tarifaria y política de precios en la prestación de los servicios públicos”, el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, D. Joaquín Tornos Más, ha explicado que con posterioridad a la Ley de economía sostenible del 2011 se ha abierto la posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan decidir financiar los servicios públicos gestionados indirectamente bien mediante una tasa de titularidad pública, bien mediante una tarifa de titularidad privada. El Catedrático ha criticado la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015 porqué en ella la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido conscientemente, con el voto en contra de dos magistrados, no aplicar la Ley General Tributaria según la interpretación que de la misma debería hacerse de acuerdo con la voluntad e intención del legislador manifestada en el proceso de tramitación parlamentaria, y ha sostenido que, a pesar de la modificación del art. 2.2.a) de la LGT, la financiación de un servicio público debe seguir haciéndose únicamente mediante tasa. Esta sentencia no constituye jurisprudencia todavía puesto que solo ha habido un pronunciamiento, por el contrario, ha habido más de 7 sentencias en que el Tribunal Supremo ha manifestado que tras la modificación de la LGT por la Ley de economía sostenible se abre un “panorama diferente”. Este panorama diferente, por pura lógica, no puede consistir en mantener el “panorama” o jurisprudencia sobre la unicidad de la tasa sin caer por ello en un absurdo. Además, destaca el Catedrático que el impedir la tarifa como modalidad de financiación de los servicios públicos supondría cercenar la capacidad de auto-organización de las Administraciones públicas.

Asimismo en la mesa redonda se ha abordado “La problemática de la remunicipalización de los servicios públicos, y en particular de los servicios domiciliarios de agua potable”:

En este sentido, destacar la intervención de Jesús Montoya Gualda, Secretario del Ayuntamiento de Churriana de la Vega, que ha destacado la problemática de las situaciones jurídicas sobrevenidas del personal que pasa de un concesionario a la Administración, destacando que la creación jurisprudencial del Tribunal Supremo de la figura laboral del “indefinido no fijo” en que se encontrarán los trabajadores, es una situación que dista mucho de ser segura y clara, de modo que más que de contrato de tiempo indefinido, deberíamos hablar de indefinición de contrato.

El interventor del Ayuntamiento de Granada, D Jesús Montoya Gualda, ha explicado claramente que el principio de estabilidad presupuestaria ha pasado a ser un condicionante fundamental en la decisión de internalizar un servicio público.

El interés público que fundamente la decisión de internalizar un servicio público, deberá estar soportado no solo en razones sociales sino también en razones de eficiencia y mantenimiento de la estabilidad presupuestaria. De modo que si la decisión municipal de internalizar un servicio no respeta el principio de estabilidad presupuestaria la decisión será inevitablemente contraria al interés público.

Por último Dª. Teresa Martín Bautista, Jefa de Servicios Generales del SPT de la Diputación de Granada ha destacado que toda internalización de servicios que pasen a ser prestados por medios propios tiene que pasar el filtro de las Autoridades de la Competencia por cuanto supone sustraer de la “competencia por el mercado” una parte de la actividad económica, y solo una fundamentada justificación económica de que el ciudadano va a resultar beneficiado por un servicio más eficiente puede sustentar esa decisión, tal y como ha subrayado la Autoridad Catalana de la Competencia en un reciente informe sobre Santa María d’Oló.

 

 

La opinión de los usuarios sobre la CPP

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En el devenir de nuestra actividad profesional derivada de la asesoría en colaboración público-privada (CPP) venimos detectando la ausencia o uso insuficiente de un aspecto que es vital para el buen desarrollo de los servicios públicos que llevan aparejados la gran mayoría de los partenariados público-privados.

Nos referimos a recabar la opinión de los usuarios.

Se nos olvida que la CPP no es una relación bilateral entre la administración concedente y el concesionario, sino que hay una tercera parte vital que son los usuarios, destinatarios finales de los servicios públicos y objeto principal de la necesidad de crear estos partenariados para el mantenimiento de la sociedad de bienestar en la que vivimos pese a la pertinaz crisis en la que nos encontramos.

En multitud de pliegos de cláusulas, o bien no existe ningún mecanismo previsto para recabar la opinión de los usuarios, a través de encuestas normalmente, que evalúen la satisfacción de los usuarios, o bien si existen estos mecanismos no son monitorizados eficientemente y sus resultados marchitan con el resto de la documentación del desarrollo del contrato sin que sus conclusiones reviertan en las prestaciones del contrato.

La excesiva rigidez de los pliegos de cláusulas, en cumplimiento de las normativas en materia de contratación pública, no facilita la introducción de cambios en los contratos, que recojan los resultados de las encuestas o las reclamaciones de los usuarios.

Asimismo resulta sorprendente que estos mecanismos no sean ya de por sí una obligación que emane de la normativa en contratación pública y de obligado cumplimiento, dejando a la decisión de cada administración concedente la decisión de aplicarlos o no.

Encontramos alguna referencia normativa en este sentido a través de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) dependiente del Ministerio de Presidencia que en cumplimiento del Real Decreto 951/2005 por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, va realizando estudios y recomendaciones sobre la percepción de los ciudadanos sobre los servicios públicos. Hasta ahora no hemos encontrado en ningún pliego de licitación alguna referencia a esta agencia ni a sus recomendaciones.

En Cataluña la ley 19/2014, de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sí que recoge en su artículo 60 esta necesidad de evaluar permanentemente la satisfacción de los usuarios respecto de los servicios públicos, pero tampoco la hemos visto recogida en los pliegos de cláusulas de las licitaciones de los servicios públicos.

Nos referimos por ejemplo a la inclusión de una nueva actividad deportiva o de salud en un centro deportivo municipal la cual es reclamada por un grupo significativo de usuarios, pero que no está contemplada en los pliegos ni en las ordenanzas y requiere la burocrática y lenta aprobación municipal. También puede servir de ejemplo la reclamación de usuarios detectada a través de encuestas, los cuales piden una modificación en el itinerario de una línea de autobús o un incremento de su frecuencia. Pueden existir multitud de ejemplos, tantos como servicios públicos se prestan en nuestra sociedad, a través de formas de CPP en la mayoría de los casos.

Si conseguimos recoger con una periodicidad adecuada para cada contrato, semestral o anual según convenga, las opiniones de los usuarios mediante encuestas de satisfacción correctamente diseñadas y ejecutadas, y posteriormente retornamos estas opiniones en forma de conclusiones al seno de las prestaciones del contrato introduciendo las modificaciones que se consideren adecuadas, de buen seguro que mejoraremos y actualizaremos la eficiencia de las prestaciones y aún mejor la percepción que tiene la ciudadanía de la CPP, últimamente muy denostada y criticada con la tormenta remunicipalizadora que nos invade producto de las nuevas corrientes políticas.

La mejora de la calidad a través de la inclusión de procesos de mejora continua es una de las prácticas más comunes en las actividades empresariales, industriales y de todo tipo de servicios. Entre los más comunes están las conocidas normas ISO, EFQM, EVAM o CAF entre otras  Si realizamos un sencillo ejercicio de adaptar el famoso círculo de Deming de mejora continua a la inclusión e implementación de encuestas de usuarios resultaría lo siguiente.

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Círculo de Deming, mejora prestaciones servicios públicos a través de la realización de encuestas a los usuarios

En resumen, animamos a todos los agentes que participamos en el desarrollo de la CPP como instrumento indispensable para la prestación de servicios públicos de calidad, a recabar la opinión de los usuarios y que estas reviertan en el desarrollo de los servicios públicos en aras de mejorar la calidad de los mismos y la percepción de la ciudadanía sobre la CPP bien entendida.

Francesc Martínez Peña

Vocal en la Junta Directiva de CCIES y Gerente en CUESTOR ANALISTAS, asesores en concesiones y CPP. 

Pluralidad de Leyes en materia concesional

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Recuerdo perfectamente cuando se promulgó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Pues desde entonces no han parado de sucederse, de forma constante, las modificaciones en materia de contratación pública.

Hoy en día, si tienes que analizar un contrato de concesión de obra pública o de gestión de servicios públicos en primer lugar debes realizar un ejercicio complejo para determinar el régimen jurídico aplicable; siempre y cuando tengas suerte y la cuestión que se te plantee no esté pendiente de desarrollo reglamentario sine dia o sea discutible el efecto directo de las Directivas de Contratación y de Concesiones, cuya transposición al derecho nacional como bien es sabido aún no ha tenido lugar y que precisamente la Comisión Europea ya ha expedientado a España por no transponer en plazo.

Hoy por hoy, estamos viviendo una situación de diversificación normativa e incertidumbre jurídica que asusta a los inversores, que lejos de apostar por los proyectos de Colaboración Público Privada en nuestro país recurren al mercado internacional para garantizar sus inversiones.

A nivel local, por su parte, se tiende a la llamada “Remunicipalización”. Las Plataformas que agrupan organizaciones sindicales, políticas y movimientos sociales, abogan por la desprivatización de los servicios públicos. ¿Cuáles son las ventajas? Mayor control de lo público, mejorar la eficiencia y optimización de los recursos. Y entonces, ¿cuál era el problema para llevar a cabo esa gestión directa de los servicios municipales?

Pues en España nos olvidamos de la necesidad de reducir el déficit municipal, de las inversiones realizadas en la mejora de infraestructuras obsoletas, de los cánones y tributos que cobran los Ayuntamientos a las concesionarias, etc. No es una cuestión política, sino de elegir el sistema de gestión que pueda garantizar un servicio de calidad al menor coste posible para el ciudadano.

Y volvemos al inicio, ni el sector público ni el privado van a ser capaces de gestionar de forma adecuada la prestación de los servicios públicos sin un marco normativo claro y unificado que regule específicamente, al igual que lo ha hecho la Unión Europea con la Directiva de Concesiones, el régimen de los contratos de concesión de obras y servicios.

La gran duda es si el legislador no cometerá los mismos errores que ha venido enmendando con las sucesivas modificaciones de la legislación en materia de contratos del sector público si se centra en llevar a término una profunda reforma del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a través del Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público.  O, ¿es el momento de aprobar una Ley de Concesiones?

Evelin García

Abogada – Servicios Jurídicos CCIES

 

De la imprevisibilidad del riesgo concesional

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Leo sorprendida que el Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de una sociedad concesionaria del Estado que reclamaba el reequilibrio de sus contratos de concesión en la explotación de unas autopistas de peaje a causa de la disminución del tráfico desde el mismo día que se inició la explotación.

La Sala consideraba que la merma de flujos de vehículos no constituye un riesgo imprevisible.stock-photo-42294814-risk

Es leyendo este tipo de informaciones cuando pienso – y  mucho- en mis clases en la Universidad sobre Derecho Civil y sobre todo en las relativas al riesgo imprevisible.

Si bien es cierto que las concesiones llevan aparejadas el principio de riesgo y ventura, también lo es que el derecho administrativo se remite al derecho civil para interpretar estos principios o conceptos jurídicos indeterminados.

Ya en la antigua Roma existía la figura de la “restitutio in integro” cuando Séneca y Cicerón declaran que “para tener que cumplir lo prometido todo debe permanecer en el mismo estado de cosas que existía cuando se formuló la promesa“.

No obstante ahora, y con un entorno legislativo tan  cambiante como el actual, el Tribunal Supremo rechaza de plano cualquier posibilidad de modificar los vínculos contractuales en base a que se produzca un acontecimiento imprevisto que altere notablemente las condiciones económicas previstas en el momento de contratar en perjuicio de una parte.

Parece un contrasentido que el mercado vire hacia ciudades más inteligentes (smart cities) que puedan prever sus propias necesidades y cubrirlas de forma eficiente bajo fórmulas de Colaboración Público Privada, sin un marco regulatorio de estas relaciones abierto a posibles cambios, no sólo me refiero a los normativos (por imposición del legislador) sino también a la oferta y la demanda.

¿Debe el concesionario continuar prestando servicios que han quedado obsoletos por el hecho de estar comprometido en una oferta vinculante “de por vida”?

Un ejemplo muy clarificador sería el caso de los centros deportivos municipales dónde las actividades dirigidas más tradicionales como puede ser el aerobic, no son clases tan demandadas frente a otras como el pilates o el zumba, mucho más novedosas y atractivas para el público, y que en caso de insistir en permanecer invariables en el tiempo por un tema contractual supondría claramente el cierre de la instalación por su inviabilidad.

En estos casos parece que preferimos judicializar estos posibles acuerdos de modificación de las condiciones contractuales y tener cerradas grandes infraestructuras en detrimento de la ciudadanía. Todo lo contrario a lo que viene reclamando Europa a nuestro país; más transparencia, eficiencia y competitividad.

Nuestro ordenamiento jurídico recoge principios del Derecho romano como la buena fe y la equidad,  pero es un antiguo jurista romano, Paulo, quién dijo que “Existe una cláusula tácita según la cual la obligación se ejecuta si permanece la misma situación que existía en el momento de la conclusión del contrato“.

De ahí,  otro ejemplo, el del Consejo de Estado francés que afirma que  “los riesgos imprevistos deben ser distribuidos equitativamente entre las partes y no soportarlos sólo una de ellas“.

Nuestra jurisprudencia le ha dado cabida a la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus“,  pese al principio de invariabilidad de lo pactado (“principio ne varietur” y “principio pacta sunt servanda”), cuando alteraciones imprevistas dificultan de forma extrema e imposibilitan el cumplimiento del contrato.

La pregunta es: ¿quién tiene el poder de interpretar qué es imprevisible?

Evelin García

Abogada – Servicios Jurídicos CCIES

La cuarta “P”, que será la primera

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A lo largo de esta persistente crisis económica, y ante la sequía generalizada de contratación de proyectos públicos de envergadura, ha sido frecuente oír hablar del Partenariado Público Privado (Public Private Partnership, PPP) como fórmula a la que podría recurrirse para viabilizar proyectos necesarios pero carentes de posibilidades de financiación desde la Administración Pública.

Los humanos somos, esencialmente, creativos. Por ello, en la práctica, sucede con los grandes conceptos que diferentes actores hacen interpretaciones muy distintas, según su propia creatividad. Y el PPP no es una excepción. Así, no es raro encontrar políticos y gestores públicos que piensan, totalmente convencidos, que PPP quiere decir, sin más, que el privado aporta la financiación y ellos inauguran la obra. También se dan empresarios que creen, con igual convencimiento, que PPP significa que ellos tienen la iniciativa y la Administración Pública (o directamente el contribuyente), corre con el 100% del riesgo.

El convencimiento total con el que ambos grupos defienden sus tesis es de tal magnitud, que con sólo cerrar un instante los ojos, se nos ilumina la mente con un sinnúmero de ejemplos de las dos situaciones. Y la prueba definitiva de la solidez de ese convencimiento (junto con la evidente capacidad de influencia de unos y otros) está en que en muchos de esos ejemplos no estamos hablando precisamente del chocolate del loro, sino de cifras cien o mil millonarias…

En este contexto, la United Nations Economic Commission For Europe (UNECE) ha firmado recientemente un Acuerdo con IESE para aplicar y extender los criterios del International Centre of Excellence on PPPs (ICoE), bajo el paraguas del reconocido  Public-Private Sector Research Center de IESE, de ámbito mundial y centrado en las Smart Cities. Cabe esperar que esta iniciativa ayude en buena medida a fomentar el desarrollo de auténticos proyectos PPP en las Smart Cities, mejorando con ello las condiciones y los resultados de dichos proyectos en todo el mundo.

Aprovechando este acontecimiento, de enorme potencial estratégico en sí mismo, me gustaría introducir un par de reflexiones. La primera tiene que ver con el hecho bien conocido de que el motor del desarrollo mundial se está concentrando cada vez más en las ciudades, con un crecimiento acelerado de la población urbana. Este hecho, entre otros efectos, comporta la concentración creciente de talento en las ciudades. En paralelo, el fuerte desarrollo de las tecnologías informáticas y de comunicaciones multiplica el potencial de ese talento, otorgando a los ciudadanos una capacidad de intervención en la vida y el desarrollo de sus propias ciudades absolutamente impensable años atrás, cuando no existía Internet, ni las redes sociales, ni los Smartphones, ni las posibilidades de expansión viral que la economía digital pone a disposición de cualquiera que tenga talento, un ordenador y un garaje…

Con ese potencial, el ciudadano con talento, el emprendedor, y el que crea y utiliza internet y las redes sociales con fines de economía colaborativa, va a tener (está teniendo ya) una capacidad de influencia muy significativa en su ciudad. Iniciativas como Uber, AirBnB, etc. que rompen modelos de negocios muy asentados y tradicionales a base de introducir modelos colaborativos, son claros ejemplos de ello. Igualmente, apps como Waze, que permiten a cualquier conductor informar en tiempo real de la situación del tráfico en su zona, y beneficiarse a su vez de las informaciones que dan los otros conductores, ayudan a hacerse una idea de la capacidad de aportación práctica y funcional que está proporcionando internet a los ciudadanos al facilitarles su colaboración masiva.

Una versión más documentada de estos hechos la aporta Jeremy Rifkin en su libro La sociedad de coste marginal cero. Ahí trata del efecto potenciador que tiene el coste marginal casi nulo, característico de la economía digital, en el desarrollo de la economía colaborativa. Y en esa línea va mi primera reflexión: la enorme capacidad de acción de las personas, de la gente, sobre todo en las ciudades (en las Smart cities), cuando crean espontáneamente esquemas colaborativos, aconsejaría ir pensando en cómo añadir la cuarta P, Personas (People), a nuestro viejo amigo el modelo PPP. Tendríamos así el modelo PPPP (People Public Private Partnership), que nos permitiría estar a la altura de las circunstancias disruptivas que dicha economía colaborativa está generando, otorgando simultáneamente el protagonismo y la capacidad de acción que se merece al propio destinatario de los proyectos.

En mi opinión, además, esta cuarta P tiene visos de llegar a ser, en realidad, la primera. Porque no sólo induce nuevos modelos de negocio, sino que incluye también nuevas formas de financiarlos, una cuestión central del modelo PPP clásico. Así, cada vez es más frecuente encontrar proyectos financiados a través de crowdfunding, una forma de financiación en que las personas son actores principales, y que muy bien puede ser complementaria -más que alternativa- en los proyectos de Smart cities demandados por los propios ciudadanos, y que tradicionalmente son financiados con esquemas PPP más clásicos. Evolucionar entonces estos PPP clásicos hacia los preconizados esquemas PPPP podría viabilizar un mayor número de proyectos beneficiosos para la ciudad, y que además contarían de entrada con un mayor compromiso por parte de la propia ciudadanía.

En la búsqueda de cómo incorporar efectivamente esta cuarta P, deben lógicamente participar todos los actores involucrados: las personas (People), los responsables de la Administración Pública (Public), la iniciativa privada (Private) y las instituciones académicas y multilaterales del sector, como las del Acuerdo que citábamos al inicio de este artículo. Y en este ámbito es en el que va mi segunda reflexión: tratándose de proyectos que se desarrollarán en las Smart cities, los gestores actuales de los servicios urbanos deberán implicarse y ser también de gran ayuda en la definición y desarrollo de estos nuevos modelos. Y entre los servicios urbanos, el de la gestión del agua, que conozco bien por mi trayectoria profesional, debe y puede ser el principal aportador. No sólo porque es el que trabaja para satisfacer las necesidades del elemento más básico e insustituible de todos los que demanda la ciudadanía, sino también porque precisamente el ejercicio de esa responsabilidad le aporta día a día, minuto a minuto, un conocimiento incomparable de la vida cotidiana en la ciudad, de las necesidades de sus ciudadanos, y una gran capacidad de identificación, potenciación y ejecución de proyectos urbanos colaborativos bajo esquemas PPPP. Ahora, manos a la obra.

Artículo de opinión.- Fernando Rayon Martin, Director de Innovación de Negocio de AGBAR/ Aqualogy

Dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto de Desindexación de la Economía Española

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El Pleno del Consejo Económico y Social de España también ha aprobado en Sesión ordinaria del Pleno de 25 de junio de 2015 el el Dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto de Desindexación de la economía española, solicitado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Fuente: Web del CES Consejo Económico y Social de España (CES)

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Descargar aquí dictámen

Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público

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El Pleno del Consejo Econólogomico y Social de España ha aprobado en Sesión ordinaria del Pleno de 25 de junio de 2015 el Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público y el Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, a solicitud del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Fuente: Web del CES Consejo Económico y Social de España (CES)

Acceder aquí a los dictámenes

PUESTA EN MARCHA DEL TABLÓN EDICTAL ÚNICO

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Desde el 1 de junio de 2015, el “Boletín Oficial del Estado” funciona como Tablón Edictal Único, enel que diariamente se publican todos los anuncios de notificación que las Administraciones Públicas deban realizar cuando la notificación personal de las decisiones administrativas no sea posible, bien porque se boe-logodesconozca la identidad de los interesados o su domicilio o bien porque haya resultado infructuosa.

Hasta ahora, estos anuncios se venían publicando en uno de los 63 boletines oficiales existentes (en el del Estado, en los autonómicos o en los provinciales) o en una pluralidad de tablones edictales electrónicos, dependiendo de cuál fuera la Administración que notificaba o la materia a la que se referían, lo que complicaba que los interesados pudieran tener acceso a los anuncios que les afectaban.

El Tablón Edictal Único aligera la carga que esa dispersión suponía para ciudadanos y empresas, puesto que ahora una única consulta al BOE basta para obtener información de todas las notificaciones que puedan tener pendientes. Para facilitar su localización, la Agencia Estatal BOE también ofrece la posibilidad de búsqueda en bases de datos y de suscripción gratuita a su servicio de alertas, con carácter orientativo, para recibir información diaria de los anuncios de notificación en los que aparezca recogido el NIF del interesado.

La magnitud del proyecto se pone de manifiesto si se tiene en cuenta que el sistema informático que soporta la remisión de los anuncios de notificación cuenta en este momento con 15.000 usuarios registrados de las distintas Administraciones y que en apenas una semana de vida, el BOE ya ha publicado, como Tablón Edictal Único, más de 10.000 páginas.

Todo ello sin coste alguno para las Administraciones que solicitan la inserción de sus anuncios, ya que la publicación en el diario oficial del Estado se realiza de manera gratuita para todas ellas.

Acceder al Tablón Edictal único aquí. 

Fuente: Ministerio de la Presidencia

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el Anteproyectos de Ley de Contratos del Sector Público

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El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad los informes a los Anteproyectos de Ley de Contratos del Sector Público y sobre Procedimientos de Contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que han tenido como ponentes a los vocales Enrique Lucas y Wenceslao Olea.

Los Anteproyectos responden a la transposición de dos directivas europeas: la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; y la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

Los informes aprobados hoy cuestionan la necesidad de que una nueva Ley sustituya al vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y de que otra haga lo propio con la Ley de sectores especiales actualmente en vigor “sobre la base, comúnmente aceptada, de la conveniencia de mantener una norma completa y general y normativa diferenciada para los llamados sectores especiales”, separada de la general de contratos del sector público.

“No parece adecuado, en buena técnica legislativa, incorporar separadamente las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE cuando ésta, y la regulación del contrato de concesión que contiene, se ha de proyectar a los sectores especiales del agua, la energía los transportes y los servicios postales”, señala el texto, que cree más conveniente llevar a cabo la trasposición de ambas Directivas “a través de un único instrumento normativo que recoja la regulación de la contratación pública en tales sectores, incluyendo los contratos de concesión referidos a las actividades que constituyen su objeto”.
Inclusión de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales

El informe al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público avala la que constituye su principal novedad: la obligación de los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, así como de las fundaciones y asociaciones vinculadas a  ellos, de someterse a lo establecido en la norma cuando cumplan los requisitos para ser considerados “poder adjudicador”.

Estos requisitos son tener personalidad jurídica propia, haber sido creado para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil y que otro poder adjudicador bien financie mayoritariamente su actividad, controle su gestión o nombre a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

“Indudablemente, en este caso, la condición que justifica esta aplicación de la norma de contratos del sector público es la existencia de financiación pública para estas entidades, puesto que reúnen los otros dos primeros requisitos”, señala el texto aprobado por el Pleno del Consejo.

La aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público a estas entidades, no obstante, no es completa, sino que se limita a los contratos sujetos a regulación armonizada, es decir, a los que se encuentran sometidos a las directrices europeas.

El Anteproyecto justifica la inclusión de estas entidades en la ley en el objetivo de mejorar la integridad y la transparencia en la contratación pública y evitar posibles actos de corrupción.

Comprobar los tipos delictivos que son causa de exclusión

Con ese mismo objetivo, la Directiva europea enumera una serie de circunstancias que determinan la prohibición de contratar con el sector público, entre ellas la de haber cometido determinado tipo de delitos que, entre otros,  incluyen el terrorismo, la trata de seres humanos, la corrupción, el tráfico de influencias, los fraudes, los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y los delitos contra los derechos de los trabajadores.

El informe señala que la transposición de esos tipos que hace el Anteproyecto parece correcta, “si bien dadas las últimas reformas del Código Penal sería conveniente comprobar que los tipos delictivos se identifican adecuadamente, habida cuenta de que se mantiene la regulación de las prohibiciones de contratar que prevé el TRLCSP”.

Mismo régimen de control para todos los contratos públicos

El Anteproyecto mantiene distintos regímenes de control de los contratos celebrados por entes públicos que no sean Administración pública en función de si esos contratos están sujetos o no a regulación armonizada.

El Consejo sugiere que, dado que en muchos casos la sujeción de un contrato al régimen de regulación armonizada depende solamente de su cuantía y “puesto que se trata de contratos del sector público, normalmente financiados con cargo a fondos públicos, cabría replantearse la posibilidad de aplicar el mismo sistema de garantías –con las modulaciones que en atención a la cuantía o importancia del contrato pudieran establecerse- a todos los contratos del sector público”.

La jurisprudencia de la “pérdida de oportunidad”

En el caso de que se produzca la declaración de nulidad de un contrato que se haya ejecutado total o parcialmente, de modo que resulte ineficaz una nueva licitación, el Anteproyecto recoge el derecho del licitador perjudicado a recibir una indemnización que cubra los gastos en que hubiera incurrido para participar en el procedimiento de adjudicación y para recurrir e incluya el lucro cesante si se demuestra que debió ser el adjudicatario.

El texto aprobado hoy señala, no obstante, que como esa demostración no es siempre posible, y considerando el margen de apreciación de la Administración para seleccionar las ofertas, la indemnización por lucro cesante debería reconocerse también “cuando el recurrente hubiera tenido una posibilidad real de obtener el contrato si no se hubiera producido la infracción” que determine la nulidad del contrato.

Se aplicaría así “la jurisprudencia de la pérdida de oportunidad como se acepta en otros ordenamientos europeos y en la propia jurisprudencia europea”, añade el informe.

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Fuente: Sala de Prensa del C.G.P. J