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Recuerdo perfectamente cuando se promulgó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Pues desde entonces no han parado de sucederse, de forma constante, las modificaciones en materia de contratación pública.

Hoy en día, si tienes que analizar un contrato de concesión de obra pública o de gestión de servicios públicos en primer lugar debes realizar un ejercicio complejo para determinar el régimen jurídico aplicable; siempre y cuando tengas suerte y la cuestión que se te plantee no esté pendiente de desarrollo reglamentario sine dia o sea discutible el efecto directo de las Directivas de Contratación y de Concesiones, cuya transposición al derecho nacional como bien es sabido aún no ha tenido lugar y que precisamente la Comisión Europea ya ha expedientado a España por no transponer en plazo.

Hoy por hoy, estamos viviendo una situación de diversificación normativa e incertidumbre jurídica que asusta a los inversores, que lejos de apostar por los proyectos de Colaboración Público Privada en nuestro país recurren al mercado internacional para garantizar sus inversiones.

A nivel local, por su parte, se tiende a la llamada “Remunicipalización”. Las Plataformas que agrupan organizaciones sindicales, políticas y movimientos sociales, abogan por la desprivatización de los servicios públicos. ¿Cuáles son las ventajas? Mayor control de lo público, mejorar la eficiencia y optimización de los recursos. Y entonces, ¿cuál era el problema para llevar a cabo esa gestión directa de los servicios municipales?

Pues en España nos olvidamos de la necesidad de reducir el déficit municipal, de las inversiones realizadas en la mejora de infraestructuras obsoletas, de los cánones y tributos que cobran los Ayuntamientos a las concesionarias, etc. No es una cuestión política, sino de elegir el sistema de gestión que pueda garantizar un servicio de calidad al menor coste posible para el ciudadano.

Y volvemos al inicio, ni el sector público ni el privado van a ser capaces de gestionar de forma adecuada la prestación de los servicios públicos sin un marco normativo claro y unificado que regule específicamente, al igual que lo ha hecho la Unión Europea con la Directiva de Concesiones, el régimen de los contratos de concesión de obras y servicios.

La gran duda es si el legislador no cometerá los mismos errores que ha venido enmendando con las sucesivas modificaciones de la legislación en materia de contratos del sector público si se centra en llevar a término una profunda reforma del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a través del Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público.  O, ¿es el momento de aprobar una Ley de Concesiones?

Evelin García

Abogada – Servicios Jurídicos CCIES

 

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