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Administración Pública, Administraciones, agua, colaboración público-privada, concesión, Directiva de Concesiones, economía mixta, gestión directa, gestión indirecta, jornada, legislación, remunicipalización, servicios públicos
En las jornadas organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local Granada sobre la gestión y financiación de los Servicios Públicos del Agua se ha profundizado sobre la importancia que los servicios urbanos del agua tienen en la actualidad replanteando algunos de sus fundamentos básicos.
En esta segundo post sobre las Jornadas os resumimos las ideas más destacadas que se produjeron en la segunda réplica realizada en la Universidad de Sevilla en colaboración con Cosital Sevilla.
En la primera ponencia sobre “Presente y futuro de los modelos de gestión indirecta de los servicios urbanos del agua: especial referencia a la sociedad de economía mixta”, D. Mariano López Benítez, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, sostiene que esta forma de colaboración institucional permite a la administración a través del Derecho mercantil participar de forma activa en la gestión del servicio y, participar en el beneficio derivado de la actividad económica de la sociedad. En su opinión, el principio de subsidiariedad aplicado a las directivas permite que cada estado miembro pueda gestionar los servicios públicos conforme a su legislación nacional.
En la segunda ponencia sobre “Presente y futuro de la gestión de los servicios públicos locales a la luz del nuevo marco establecido en la Directiva de Concesiones. Especial referencia a la concesión de gestión de servicios públicos”, Dª. Encarnación Montoya Martín, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, puso de manifiesto las discrepancias doctrinales existentes en relación a, si la ausencia de mención en la Directiva de concesiones a los contratos de gestión de servicios públicos conlleva su desaparición del ordenamiento jurídico español. En su opinión, la concesión de gestión de servicios públicos se mantiene en nuestra normativa, enfatizando que así lo ha entendido el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, quien en recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado a los órganos de contratación en relación con la aplicación de las directivas de contratación pública, mantiene el contrato de concesión de gestión de servicios públicos. Así como, el Consejo de Estado quien en su dictamen al anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público incluye la concesión de servicios a sociedades de economía mixta.
En la tercera ponencia sobre “La potestad tarifaria y política de precios en la prestación de los servicios públicos”, el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, D. Joaquín Tornos Más, ha explicado, como ya hizo en Granada, que con posterioridad a la Ley de economía sostenible del 2011 se ha abierto la posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan decidir financiar los servicios públicos gestionados indirectamente bien mediante una tasa de titularidad pública, bien mediante una tarifa de titularidad privada. El Catedrático ha criticado la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015 porqué en ella la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido conscientemente, con el voto en contra de dos magistrados, no aplicar la Ley General Tributaria según la interpretación que de la misma debería hacerse de acuerdo con la voluntad e intención del legislador manifestada en el proceso de tramitación parlamentaria, y ha sostenido que, a pesar de la modificación del art. 2.2.a) de la LGT, la financiación de un servicio público debe seguir haciéndose únicamente mediante tasa. Esta sentencia no constituye jurisprudencia todavía puesto que solo ha habido un pronunciamiento, por el contrario, ha habido más de 7 sentencias en que el Tribunal Supremo ha manifestado que tras la modificación de la LGT por la Ley de economía sostenible se abre un “panorama diferente”. Este panorama diferente, por pura lógica, no puede consistir en mantener el “panorama” o jurisprudencia sobre la unicidad de la tasa sin caer por ello en un absurdo. Además, destaca el Catedrático que el impedir la tarifa como modalidad de financiación de los servicios públicos supondría cercenar la capacidad de auto-organización de las Administraciones públicas.
En la mesa redonda de la tarde se ha abordado “La problemática de la remunicipalización de los servicios públicos, y en particular de los servicios domiciliarios de agua potable”.
D. Eduardo González Biedma, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, ha comentado en su exposición sobre las situaciones jurídicas sobrevenidas del personal al servicio delas administraciones concesionarias de servicios públicos, que debido a la restricción de capacidad de maniobra de los Ayuntamientos estos deben actuar con extrema prudencia, pues conforme a la STSJ Andalucía 12 de octubre de 2012, los trabajadores quedarían subrogados en el titular de la instalación, afectando la subrogación a todos los trabajadores contratados por la concesionaria, tal y como, lo ha acordado el TJUE en Sentencia de 26 de noviembre de 2015 (Caso ADIF).
En la intervención de Dª. Concepción Horgué Baena, Secretaria General de la Universidad de Sevilla, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, indicó que en la actualidad la regulación contractual constriñe la modificación del contrato a que esté prevista en los pliegos rectores del contrato. Bajo su punto de vista, las directivas permiten mayor flexibilidad en la modificación de contratos, situación que se debería recoger en la transposición de las directivas al ordenamiento jurídico español. Igualmente, se advierte que la decisión discrecional de la administración de extinguir el contrato por razón de oportunidad, conlleva de forma necesaria la reparación integral al contratista, con indemnización del daño emergente y del lucro cesante.
