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Administración Pública, agua, colaboración público-privada, concesión, Contratación Pública, jornada, legislación, PPP, servicios públicos
En las jornadas organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local Granada sobre la gestión y financiación de los Servicios Públicos del Agua se ha profundizado sobre la importancia que los servicios urbanos del agua tienen en la actualidad replanteando algunos de sus fundamentos básicos.
Recientemente, el Tribunal Supremo ha vuelto a cuestionar la posibilidad de considerar esta contraprestación como un precio privado si el municipio así lo decide. Muy relacionada con esta cuestión, se reabre el debate acerca del modelo de gestión ideal y más eficiente de este servicio público. En este sentido, desde diversos sectores de la sociedad se está planteando la necesidad de volver a un modelo de gestión pública de los servicios urbanos del agua acudiendo como argumento (erróneo) a la experiencia en algunas ciudades importantes de otros países.
Destacar en la primera ponencia sobre “Presente y futuro de los modelos de gestión indirecta de los servicios urbanos del agua: especial referencia a la sociedad de economía mixta” los argumentos de la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, Dña. Diana Santiago Iglesias, que ha señalado que la Directiva de Concesiones, todavía no transpuesta en nuestro ordenamiento jurídico, no impide la existencia de sociedades de economía mixta como modalidad de contrato de concesión de servicios públicos, antes al contrario, la Unión Europea es una firme defensora de los modelos de PPP de colaboración público privada institucionalizada. Se sugiere que en la próxima ley de contratos haya una regulación más detallada de este tipo de sociedades que permita resolver algunas lagunas que hoy existen en el ordenamiento jurídico en relación a esta figura.
En la siguiente ponencia que llevaba como título “Presente y futuro de la gestión de los servicios públicos locales a la luz del nuevo marco establecido en la Directiva de Concesiones. Especial referencia a la concesión de gestión de servicios públicos”, el Catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Valencia, D. Juan Francisco Mestre Delgado, ha destacado que con la aplicación de la Directiva de concesiones la duración de los contratos estará condicionada por el plazo de amortización de las inversiones, y por tanto las concesiones de servicios que no tengan aparejada inversión tendrán necesariamente una duración menor de la que hasta ahora han tenido con la legislación vigente. Se destaca también por el catedrático que los servicios públicos del agua han sido excluidos de la Directiva, lo que significa que a nivel europeo no hay una regulación armonizada sobre los procedimientos de licitación de estos contratos. También se critica por el ponente que el contrato de gestión de servicio público se construya jurídicamente como una especialidad del contrato de obras, y no se le reconozca una sustantividad propia. Los abusos en los modificados de los contratos de obras han afectado a la regulación de los contratos de servicios públicos, desterrando prácticamente de su regulación la posibilidad de que la Administración pueda obligar al concesionario de servicios públicos a adaptarse a las nuevas necesidades que los usuarios tengan durante la vida del contrato.
En la tercera ponencia sobre “La potestad tarifaria y política de precios en la prestación de los servicios públicos”, el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, D. Joaquín Tornos Más, ha explicado que con posterioridad a la Ley de economía sostenible del 2011 se ha abierto la posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan decidir financiar los servicios públicos gestionados indirectamente bien mediante una tasa de titularidad pública, bien mediante una tarifa de titularidad privada. El Catedrático ha criticado la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015 porqué en ella la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido conscientemente, con el voto en contra de dos magistrados, no aplicar la Ley General Tributaria según la interpretación que de la misma debería hacerse de acuerdo con la voluntad e intención del legislador manifestada en el proceso de tramitación parlamentaria, y ha sostenido que, a pesar de la modificación del art. 2.2.a) de la LGT, la financiación de un servicio público debe seguir haciéndose únicamente mediante tasa. Esta sentencia no constituye jurisprudencia todavía puesto que solo ha habido un pronunciamiento, por el contrario, ha habido más de 7 sentencias en que el Tribunal Supremo ha manifestado que tras la modificación de la LGT por la Ley de economía sostenible se abre un “panorama diferente”. Este panorama diferente, por pura lógica, no puede consistir en mantener el “panorama” o jurisprudencia sobre la unicidad de la tasa sin caer por ello en un absurdo. Además, destaca el Catedrático que el impedir la tarifa como modalidad de financiación de los servicios públicos supondría cercenar la capacidad de auto-organización de las Administraciones públicas.
Asimismo en la mesa redonda se ha abordado “La problemática de la remunicipalización de los servicios públicos, y en particular de los servicios domiciliarios de agua potable”:
En este sentido, destacar la intervención de Jesús Montoya Gualda, Secretario del Ayuntamiento de Churriana de la Vega, que ha destacado la problemática de las situaciones jurídicas sobrevenidas del personal que pasa de un concesionario a la Administración, destacando que la creación jurisprudencial del Tribunal Supremo de la figura laboral del “indefinido no fijo” en que se encontrarán los trabajadores, es una situación que dista mucho de ser segura y clara, de modo que más que de contrato de tiempo indefinido, deberíamos hablar de indefinición de contrato.
El interventor del Ayuntamiento de Granada, D Jesús Montoya Gualda, ha explicado claramente que el principio de estabilidad presupuestaria ha pasado a ser un condicionante fundamental en la decisión de internalizar un servicio público.
El interés público que fundamente la decisión de internalizar un servicio público, deberá estar soportado no solo en razones sociales sino también en razones de eficiencia y mantenimiento de la estabilidad presupuestaria. De modo que si la decisión municipal de internalizar un servicio no respeta el principio de estabilidad presupuestaria la decisión será inevitablemente contraria al interés público.
Por último Dª. Teresa Martín Bautista, Jefa de Servicios Generales del SPT de la Diputación de Granada ha destacado que toda internalización de servicios que pasen a ser prestados por medios propios tiene que pasar el filtro de las Autoridades de la Competencia por cuanto supone sustraer de la “competencia por el mercado” una parte de la actividad económica, y solo una fundamentada justificación económica de que el ciudadano va a resultar beneficiado por un servicio más eficiente puede sustentar esa decisión, tal y como ha subrayado la Autoridad Catalana de la Competencia en un reciente informe sobre Santa María d’Oló.
s contratos adjudicados a los que son de aplicación la Directiva 2009/81/CE, la Directiva 2014/23/UE, la Directiva 2014/24/UE o la Directiva 2014/25/UE y que tendrá que ser trasladada por los Estados miembros a más tardar el 27 de noviembre de 2018, si bien prevé plazos específicos de transposición para la obligación relativa a la recepción y tratamiento de facturas electrónicas.
