CCIES ya forma parte del Registro de Transparencia impulsado por la UE

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La Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas a las Administraciones Públicas en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos se ha inscrito en el Registro de Transparencia impulsado por la UE. (Unión Europea).

El Registro de Transparencia de los grupos de interés se creó en 2011 y funciona sobre la base de un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

Su finalidad consiste en informar a los ciudadanos acerca de las organizaciones y las personas independientes que ejercen actividades destinadas a influir en los procesos de toma de decisiones de la Unión Europea. Enmarca esta actividad en un código de conducta y aporta un mecanismo de alerta que permite detectar y tratar posibles infracciones del código.

La Cámara que representa, defiende y fomenta los intereses comunes de sus miembros ante las diversas entidades del Sector Público y participa en las negociaciones que afecten al sector concesionario, y en el diálogo social en general, considera que la inscripción ofrece un código de conducta único, y está en línea con el compromiso de CCIES a garantizar el total cumplimiento del código de conducta por parte de sus responsables, sus empleados, sus miembros y sus representantes , además de su reconocimiento público de que la organización acepta atenerse a las reglas del juego y actuar con plena transparencia ante las instituciones europeas. También supone hacer público que CCIES  participa en el proceso de toma de decisiones de la UE, garantizando que los responsables de las decisiones de la UE conozcan sus opiniones y sus intereses o los que represente.

La relación de las instituciones europeas con asociaciones ciudadanas, ONG, empresas, organizaciones comerciales y profesionales, sindicatos, grupos de reflexión, etc., es constante, legítima y necesaria para mantener la calidad de la democracia y la capacidad de ofrecer políticas adecuadas a las necesidades y la realidad.

Más información en: http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=es

CCIES y AED se alían para promover la colaboración público-privada

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La Cámara de Concesionarios y empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) y la Asociación Española de Directivos (AED) han firmado un acuerdo de colaboración enfocado a promover entre sus asociados y la sociedad en general la colaboración público-privada.

Ambas instituciones consideran este modelo de relación “imprescindible para el desarrollo económico del país y la eficiencia de los servicios públicos”.Francesc Sibina, presidente de CCIES, “el desarrollo de la colaboración público-privada es un marco de oportunidades tanto para el sector público como para el privado, en un contexto de restricciones presupuestarias que ponen en peligro la capacidad inversora de los gobiernos

La AED, asociación constituida con el fin de representar la figura del directivo y contribuir a su desarrollo profesional y que cuenta con más de 1.750 asociados, posee dilatada experiencia en el apoyo y m20140627_112100ejora de las relaciones entre empresa privada y sector público. El presidente de la asociación, Pau Herrera, ha destacado este acuerdo como “muy positivo” para los intereses “no sólo de cada una de las partes, sino también como ejemplo de cooperación entre ámbitos diferentes, con vistas a aportar iniciativas que contribuyan a la recuperación económica”. Según ha manifestado.

Dos entidades complementarias

 El acuerdo, impulsado por el grupo de trabajo sobre colaboración público-privada de la AED, que preside Eduard Vidal, a su vez, también preside el Comité de Formación de CCIES, ha sido posible gracias a la afinidad y complementariedad entre ambas AED y CCIES, una asociación que representa al ámbito concesional y el de empresas reguladas por entidades privadas en colaboración con la Administración Pública y otros organismos integrantes del sector público. En este sentido, ambas asociaciones creen firmemente que la firma de este convenio favorecerá la consecución de sus objetivos y finalidades.

La colaboración suscrita está encaminada a expandir y fomentar las relaciones público-privadas en el territorio español, además de contar con apoyo mutuo en la expansión territorial de ambas asociaciones.

Las líneas de actuación se centrarán en el desarrollo de programas y sesiones formativas sobre la colaboración entre los dos sectores, la organización de actividades relacionadas con la colaboración público-privada y el impulso de un Observatorio de Participación Público-Privada, pieza clave para la mejora y el buen gobierno de las relaciones entre ambos sectores y para promover la transparencia, la responsabilidad y las buenas prácticas en la colaboración público-privada.

 

BIENVENIDA SEMIPRIVATIZACIÓN DE AENA

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La decisión del Consejo de Ministros de iniciar el proceso de entrada de capital privado en la sociedad gestora de las instalaciones aeroportuarias españolas debe ser valorada muy positivamente.

Con independencia del modelo de operación del sistema aeroportuario, que el Gobierno español haya decidido como más idóneo para nuestro tráfico aeronáutico, la consideración de que mecanismos de gestión empresarial privada, bajo fórmulas de colaboración PPP, pueden mejorar la eficacia y eficiencia de este sector, crucial para el desarrollo de nuestro país, es desde la Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas a las Administraciones Públicas en el Ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) valorada muy positivamente.

Las últimas noticias publicadas, referidas a las reticencias de la CNMC sobre la fórmula escogida por el Ministerio para dar entrada al capital privado, no debieran ensombrecer el objetivo final.

Toca ahora esperar a que el proceso de entrada de accionariado y la reestructuración de los órganos de dirección de AENA y la revisión de las estrategias de actuación (en especial desde el punto de vista de servicios a los usuarios y de tarifas aeroportuarias) se correspondan con las expectativas que muchos hemos puesto en estos procesos de gestión privada de servicios públicos.

No va a ser fácil crear un entorno de competitividad y competencia, que a la vez permita mantener la operatividad a los numerosos aeropuertos estructuralmente deficitarios que hay en España.

El cambio de ciclo económico iniciado en 2007 requería de reformas estructurales en el conjunto del sistema económico y en especial en el ámbito de los servicios públicos.

Algunas actuaciones, como la semiprivatización de AENA, tienen un claro efecto emblemático. Es de esperar pues que todos, inversores, gestores (públicos y privados) y Administración estemos a la altura. Los mercados internacionales nos observan con mucha atención y a todos nos conviene reforzar la imagen de transparencia y seguridad jurídica.

Además este camino también servirá de orientación para otro proceso mucho más delicado, el de la entrada en competencia con Renfe, por parte de otros operadores privados en determinados corredores del sector ferroviario. Nos esperan pues unos meses decisivos en el ámbito de las comunicaciones.

Francesc X. Ventura

Vicepresidente y Presidente Comisión Técnica de Transporte de CCIES

Jornada sobre la Colaboración Publico- Privada en la creación de valor público

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La Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC), en colaboración con CCIES y la AED (Asociación Española de Directivos), quiere abrir un espacio de reflexión y debate sobre la temática, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de las figuras normativas que la regulan y los retos y oportunidades que presentan.

La jornada se realizará el próximo martes 1 de julio entre las 9.00 horas y las 14.00 horas y se trata de la primera Jornada formativa que se realiza en la Escuela de Administración Pública de Cataluña en colaboración con instituciones que representan a empresas privadas por lo que se reunirán profesionales del ámbito público y ámbito privado.

Descárgate la presentación de los ponentes y vídeos sobre la mesa redonda. (en catalán)
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Las Nuevas Directivas de Contratación

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Germán Bouso de Papilio Abogados nos ha hecho llegar a CCIES nuevos comentarios a la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DOUE de 28-3-2014). Imagen

Sin duda, unas de las novedades más relevantes son la revisión de las normas comunitarias de contratación pública, por primera vez las instituciones comunitarias establecen una regulación armonizada y específica para los contratos de concesión y como novedad añadida la propuesta contempla un régimen jurídico común aplicable a concesiones de obras como a las de servicios.

Enlace al archivo: 

http://www.papilioabogados.com/img/COMENTARIOS%20A%20LA%20DIRECTIVA%20DE%20CONCESIONES%20PAPILIO%20ABOGADOS.pdf

 

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LA NECESIDAD DE UN SECTOR DE MOVILIDAD, CORRECTAMENTE REGULADO

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Hace meses que en el seno de CCIES,  Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas a las Administraciones Públicas en el Ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos estamos analizando las posibles consecuencias, negativas, que para los usuarios del transporte público puede suponer la aplicación de políticas inconexas en materia de movilidad interurbana.Autobús

La mezcla de necesidades de reducción del déficit en las empresas públicas estatales, de cumplimiento d
e requerimientos normativos de la UE, de la propia producción legislativa española y de la judicialización del mercado de servicios por carretera, puede conducir a una progresiva degradación de la oferta que reciban los ciudadanos, con un impacto muy negativo sobre el peso de los desplazamientos en transporte colectivo, y el consecuente incremento, en las necesidades de desplazamiento en vehículo privado, si realmente son consistentes los signos de reactivación económica que se apuntan.

Analizadas aisladamente pueden resultar incluso comprensibles algunas de las medidas que se están tomando o anunciando.Parece lógico que el Gobierno quiera reducir tarifas en determinados servicios de RENFE para estimular el uso de una red ferroviaria, quizás sobredimensionada, con el deseo de que el aumento de viajeros esperado se traduzca en una mayor facturación. En este escenario de mayor demanda y mayores ingresos, también parece lógico que se dé entrada a operadores privados, en aquellos corredores que no resulten deficitarios.

También es comprensible que ADIF intente reducir las aportaciones estatales por la vía de la actualización de cánones, al menos en aquel rango que resulte soportable para los operadores (sean públicos o privados). Sin embargo ya no es tan aceptable que se apliquen estos cánones para cubrir costes financieros de inversiones diferidas en infraestructuras ejecutadas sin criterios de viabilidad económica o social. Los errores de concepción y diseño de la red ferroviaria, que cometimos entre todos (unos pecando por acción y otros por omisión), no deberían pagarlos los usuarios actuales y futuros de estas líneas.

Por otra parte, existen mandatos legislativos que obligan a licitar las concesiones vencidas y aquellas nuevas, que se requieran para mantener una oferta adecuada de servicios interurbanos e intercomunitarios de transporte regular de viajeros por carretera.

Pero que deban licitarse estos servicios, en un contexto de competencia, competitividad, transparencia y publicidad, no implica que el criterio dominante deba ser el “economicista”.

Son concesiones de servicios públicos, y como tales deben ser analizadas desde una óptica más amplia, en la que la continuidad, la calidad del servicio, la experiencia contrastada, la interrelación con otros servicios de movilidad, tienen tanta importancia como el precio que acaben pagando los usuarios por sus desplazamientos.

Pliegos estrictamente o mayoritariamente vinculados al precio final repercutido al usuario, aunque “a priori” puedan parecer atractivos, tras un análisis más profundo, acarrean consecuencias de futuro que, sin
duda, contribuirán al deterioro de un sector cuya modernización ha costado muchos años y esfuerzos (también compromisos económicos de las empresas que en él intervienen).

En un entorno de competencia entre modos, también entre sector público y sector privado, es aún más necesaria la existencia de un Regulador (que a nuestro entender debería tener la condición de máxima imparcialidad y, por tanto, con presencia de las organizaciones representativas del sector).

Resulta evidente que este papel no puede jugarlo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pues carece del conocimiento detallado suficiente y de una visión a medio y largo plazo de las posibles consecuencias de sus decisiones, como se ha comprobado con el contenido de las recomendaciones emitidas en relación a los Pliegos remitidos por el Ministerio de Fomento.

Conseguir reforzar el segmento de la movilidad en transporte colectivo y reducir así el peso del uso del vehículo privado, debería ser el objetivo fundamental de la política del Gobierno en este sector, por razones ambientales, de seguridad vial, de modelo de desarrollo sostenible, y también por razones económicas. Sinceramente, es aquí donde el Gobierno debería intentar ayudar a todos los españoles, estimulando un uso del vehículo privado más racional y sólo sustitutivo de otros modos preferentes.

El camino iniciado, tanto por lo que se refiere a la reestructuración ferroviaria, como ahora, en el modelo de recomposición del marco concesional del transporte por carretera, no parece que vaya en esa dirección.

CCIES, Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas a las Administraciones Públicas en el Ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos

La Directiva relativa a la facturación electrónica en la contratación pública

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En fecha 6 de mayo de 2014 se ha publicado en el DOUE Directiva, que se aplicará a las facturas electrónicas emitidas como resultado de la ejecución de loImagens contratos adjudicados a los que son de aplicación la Directiva 2009/81/CE, la Directiva 2014/23/UE, la Directiva 2014/24/UE o la Directiva 2014/25/UE y que tendrá que ser trasladada por los Estados miembros a más tardar el 27 de noviembre de 2018, si bien prevé plazos específicos de transposición para la obligación relativa a la recepción y tratamiento de facturas electrónicas.

La Directiva relativa a la facturación electrónica en la contratación pública resulta aplicable a las facturas electrónicas emitidas por el operador económico al cual se ha adjudicado el contrato público o concesión (el contratista principal) aunque si los Estados miembros disponen el pago directo a los subcontratistas, el régimen que se consigne a los documentos de la contratación pública tienen que incluir disposiciones relativas  al uso obligatorio o no de la facturación electrónica para el pago de los subcontratistas.

Asimismo, cuando se adjudique un contrato a un grupo de operadores económicos, la Directiva se aplica a las facturas electrónicas emitidas tanto por el grupo como por los operadores económicos por separado.

Enlace Directiva Doue:

Haz clic para acceder a L00001-00011.pdf

 

CREACIÓN DE UNA AGENCIA ESTATAL PARA LA EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIONES Y OTRAS FÓRMULAS DE CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

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La promulgación de la Directiva Europea sobre Concesiones y su necesaria IMG_1383 (1)transposición en el marco legal y normativo español, abre la oportunidad para construir un nuevo modelo de relaciones entre las empresas prestadoras de servicios públicos, en los diferentes regímenes de contratación, y las Administraciones territoriales y sectoriales.

El marco normativo vigente, especialmente en el sector de las infraestructuras y la movilidad, se apoya en la Ley de Contratos del Sector Público, en la Ley de Régimen Local, en la Ley de Patrimonio, así como en diversas normativas sectoriales, de puertos, Ferrocarriles, transporte terrestre, aguas, energía, vivienda, etc. Constituye un entramado complejo, con algunas contradicciones, que ha evolucionado en el tiempo, pero que arrastra conceptos históricos, tradicionales, alejados de lo que debería ser una nueva cultura de las relaciones contractuales entre Sector Público y Empresas, en un entorno de colaboración, y una visión estructural, de un nuevo modelo de prestación de servicios al conjunto de la Sociedad, con un menor peso de las estructuras funcionariales o de Sociedades de Capital Público.

Incorporar esta visión de futuro al nuevo marco regulador de la prestación de servicios es tarea de todos, también de las empresas que hoy centran su actividad en este ámbito, y de aquellas que quieran incorporarse a él. Por ello son tan pertinentes las aportaciones de organizaciones que estructuran esta corriente de opinión, como es CCIES.

Ante la alternativa de una adecuación legislativa del marco normativo vigente o bien la formulación de un Proyecto de Ley “ex novo”, que incorpore todas las fases de los procesos de planificación, preparación, licitación, adjudicación, seguimiento y liquidación de los proyectos de prestación de servicios públicos, bajo cualquier fórmula de colaboración público privada, en un modelo de regulación y control por parte de la Administración pública, los miembros de nuestra Asociación optan, con entusiasmo, por el segundo escenario. Es una oportunidad para construir un nuevo modelo de servicio al ciudadano, acorde al siglo XXI, con las características que deberían corresponder a un País avanzado, referente mundial en este tipo de actividades.

Entre otras muchas innovaciones que una Ley de Colaboración Público Privada podría incorporar, una esencial sería, a nuestro entender, la creación de una “Agencia Estatal de Evaluación y Supervisión de Proyectos de Colaboración Público Privada”.

Existe una diversidad de entes y órganos, de cada nivel de las Administraciones, incluidas las de carácter territorial y local, con competencias para promover, licitar, ejecutar y controlar proyectos concesionales o de adjudicación de servicios públicos, en la coyuntura actual, todas ellas con una limitación de recursos, pero que afecta especialmente a las de ámbito local, que además no pueden generar economías de escalas por la especificidad y singularidad de sus proyectos concesionales.

Los criterios utilizados para estimar la viabilidad y eficiencia de estas iniciativas son pues muy heterogéneos, y desgraciadamente, no siempre se producen los resultados esperados. Los órganos de fiscalización de las mismas Administraciones detectan, algunas veces, irregularidades en estos procesos, pero siempre una vez las decisiones han sido tomadas y cuando la capacidad de corrección y enmienda es limitada, o muy costosa. En otros casos es el propio Mercado el que debe reconducir iniciativas mal formuladas, hacia otras vías de prestación de los servicios, o incluso dejando de proveerlos.

En su conjunto, estas situaciones, que no son muchas, acaban creando desconfianza y mala imagen global, acerca de la colaboración Público Privada, entre la Sociedad. La concesión, o el otorgamiento de derechos administrativos de operación de servicios, adolece además de una creciente inseguridad jurídica, de incumplimiento de los principios de equilibrio económico de la misma, de judicialización de las controversias, lógicas, suscitadas entre quienes concurren a los procesos de licitación y/o las Administraciones concernidas, cuando los pliegos no son suficientemente explícitos o pueden inducir a discrecionalidades.

Estos condicionantes de entorno no ayudan a la consolidación y crecimiento de un Sector, que abarca muchas actividades, con una gran potencialidad, y cuyo concurso figura en las agendas políticas de los principales Partidos y Organizaciones, que conducen el funcionamiento de nuestro País, como mecanismo claro de modernización y reestructuración del Sector Público.

Para dotarnos de mayor seguridad, a todos los niveles, y generar un clima de confianza institucional y ciudadana, sería muy útil, a nuestro entender, crear un Órgano de participación mixta que aportaría transparencia y fiabilidad a los procedimientos, y a todo este segmento de actividad.

La Agencia no debería, en ningún caso suplir ni las competencias de las unidades propias de  las Administraciones, ni tampoco las del Consejo Superior de los Mercados y la Defensa de la Competencia, ni, por supuesto, las de los órganos de supervisión de la contratación pública, Tribunales de Cuentas o IGAE.

La Agencia debería conformarse como una, la primera, iniciativa de colaboración público privada, ser dotada de personalidad jurídica propia, de carácter independiente, soportada presupuestariamente por las aportaciones de las organizaciones que en ella se integraran inicialmente, así como por las cuotas de emisión de calificaciones de proyectos y otros servicios que prestara al Sector.

Una agencia participativa, integradora, ágil, transparente e independiente, la cual pudiera actuar eficazmente, no burocratizarse, responder a necesidades cambiantes, evolucionar, en función de los intereses del Sector, lo que respondería a una garantía de su utilidad y oportunidad.

Por todo lo referido anteriormente consideramos que España, las empresas concesionarias españolas, los ciudadanos, necesitamos recomponer el Sector de los servicios públicos, conseguir hacerlo eficiente, en interés de todos; herramientas como la Agencia de Evaluación y Supervisión de Proyectos PPP pueden hacer el camino más fácil.

Miembros de la Comisión de Expertos de la Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos.

 

Las nuevas reglas en la Contratación Electrónica y Concesiones

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La web del Consejo Europeo ha publicado tras la aprobación de las Directivas sobre Contratación Pública, la primera conferencia-debate, organizada por Michel Barnier y la DG Internal Market de la Comisión Europea sobre las mismas que tuvo lugar el pasado 19 de marzo de 2014.

La conferencia ha significado una plataforma para presentar y discutir los cambios más significativos y las medidas introducidas por las nuevas directivas de contratación y de concesiones. Imagen

La conferencia estaba dividida en cuatro mesas de intervención:

  •          Panel 1   Simplificación y Pymes
  •          Panel 2   Social y Medio Ambiente
  •          Panel 3   Innovación
  •          Panel 4   Concesiones

Web Consejo Europeo y link con la transmisión de la conferencia:

https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=08fc80de8121419136e443a70489c123

 

 

Comisiones y Grupos de Trabajo

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El pasado miércoles 12 de Febrero se reunió la Comisión Jurídica  y la Comisión Económica de CCIES (Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al sector público en el sector de las Infraestructura, los Equipamientos y Servicios públicos).

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Las diferentes Comisiones y Grupos de Trabajo de CCIES, están formadas por miembros de la Junta Directiva o bien por profesionales expertos en la materia de las empresas que representamos. Todos los equipos especializados tienen por objetivo aportar conocimiento empresarial de las empresas prestadoras de servicios públicos, en los diferentes regímenes de contratación así como también sus principales inquietudes y problemáticas con el fin de establecer posiciones conjuntas, basadas en el consenso, para su defensa antes las Administraciones Públicas o cualquier otro organismo , autoridad o entidad competente.

En este caso se analizaba desde una perspectiva jurídica los temas relacionados con concesiones y normativa de contratación pública.

En el encuentro se trabajó en temas relacionados con concesiones y normativa de contratación pública, y particularmente en el Anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía Española; la recién aprobada Normativa Europea en materia de contratación pública y Concesiones;  una propuesta de modificación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de incluir el fomento de la iniciativa privada en la adjudicación de contratos de concesión de servicios públicos y la reciente consulta de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado.

Un trabajo común que no sólo va dirigido a gentes económicos o políticos en particular sino también al resto de la sociedad en general con el fin de contribuir y favorecer las fórmulas de Colaboración Público Privada (CPP)  por el bien de los ciudadanos, servicios públicos y la sostenibilidad de los mismos.