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CONSIDERACIONES GENERALES: 

A) Existe un desequilibrio en el Estado español, en la proporción de vías sometidas a sistemas de peaje (en sus diversas modalidades). Este desequilibrio tiene impacto en la percepción ciudadana sobre la aplicación de nuevas medidas, en sentidos muy diversos. Los territorios no habituados al pago por el uso de las vías, rechazan la implantación de peajes, porque lo consideran una renuncia a derechos ‘históricos’, y los territorios que soportan tradicionalmente (o más recientemente) estos peajes, consideran que no tienen que hacer frente a mas pagos, mientras no se imponga al resto del Estado una ‘cultura’ similar del peaje. Se impone, por lo tanto, la necesidad de promover una homogenización del tratamiento del pago por el uso de las vías básicas de circulación al conjunto del Estado.

B) En la coyuntura presupuestaría publica actual es imprescindible la generación de recursos, para la conservación, mantenimiento, reposición y ampliación de la red viaria, de lo contrario, será lo que que forzosamente habrá que destinar, para evitar entrar en espirales de riesgo para la seguridad de las personas o para el desarrollo económico, en el caso de las mercancías, tendrá que ser deducido de otros programas de gastos o inversiones, en teoría de carácter más social. Los recursos que se destinen a infraestructuras viarias, si no proceden del mismo sector de la movilidad, menguará las posibilidades de atender necesidades en áreas como la salud, la educación, la cultura o los servicios sociales.

La implantación de sistemas de peaje indirecto a las vías de la red básica estatal (según varios estudios, en función de las tarifas estudiadas y de los volúmenes de tránsito esperados) pueden generar entre 2000M€ y 3000M€ anuales, que permiten atender las necesidades futuras de mantenimiento de toda la red viaria, de competencia estatal o autonómica, y en los supuestos más avanzados, incluso parte de las inversiones de ampliación.

C) La creación de figura483596s recaudatorias por la utilización de determinados servicios públicos, el pago por uso, existe ya en España, como un modelo de financiación estable y proporcionado de infraestructuras, equipamientos y servicios. Ya se produce en el ciclo del agua, en el sector energético, o en determinados servicios urbanos, como por ejemplo la recogida y tratamiento de desechos o el aparcamiento en la vía pública, por citar algunos ejemplos. También se aplica a determinados servicios personales, como por ejemplo las tasas universitarias, el acceso en centros deportivos de titularidad pública o a espacios culturales.

Parece, por lo tanto coherente que, si se debate, por ejemplo, sobre el copago sanitario, también sea cuestionable introducir medidas para los desplazamientos de personas y mercancías por la red viaria.

D) Los efectos de la crisis económica, iniciada en 2007/2008, sobre el conjunto de las Administraciones Públicas de nuestro País, nos obligan, a todos, a efectuar un replanteamiento de los modelos de prestación de servicios, del carácter gratuito de los mismos, si se quiere preservar los principios del Estado de Bienestar, que hemos construido desde la recuperación de la Democracia y la incorporación a las estructuras político-administrativas de la Unión Europea.

La selección de los ámbitos de participación por parte del usuario directo en la financiación de determinados servicios o infraestructuras, es un proceso de decisión que soporta, lógicamente una gran carga ideológica, que requiere un muy amplio debate y consenso social ,pero que también tiene que estar sustentado en razonamientos de carácter técnico y jurídico, muy sólidos. Y en este sentido, la financiación, en todo o en parte, del sistema de movilidad, por sus usuarios, dispone de un amplio bagaje justificativo.

El recurso al “benchmarking” de nuestro entorno más cercano, también justifica la adopción de políticas tarifarías por la utilización de las redes viarias. El caso francés, con más del 80% de su red viaria básica sometida o en proceso de implantación de sistemas de peaje; el caso alemán, con la “euroviñeta” implantada ya hace años para los vehículos pesados; el caso austríaco; las Directivas de la UE en este sentido; y otros ejemplos más antiguos (y de formulación diversa), como el de Suiza  avalan la necesidad de plantear ahora esta alternativa al Estado español.

Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas a las Administraciones Públicas en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos