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En nuestro entorno, cocolaborarmo mínimo, desde la antigua Roma, los poderes públicos han utilizado siempre al sector privado para prestar servicios públicos. Aprovechamiento de recursos naturales, vigilancia y seguridad, construcción de infraestructuras, educación y sanidad han sido algunas materias.

El papel predominante del Estado, del Sector Público, en la prestación de servicios a la comunidad, es consecuencia de su fortalecimiento y transformación, a lo largo de los últimos 150 años, desde mediados del siglo XIX, en España.  Pero aun así nunca se ha dejado de mantener una importante presencia del sector privado en esta prestación de servicios.  Sorprende por ello que haya un debate tan intenso sobre este nuevo concepto, tan mal acuñado, de las “privatizaciones”.

Nuestro modelo sanitario nunca ha dejado de ser mixto. Es más, sin la existencia de los centros privados, de las mutuas y de otras organizaciones parecidas, la sanidad pública estaría totalmente colapsada y no sería considerada un servicio de excelencia a nivel mundial.

En el sector educativo ocurre algo semejante. Los centros privados y concertados permiten mantener en niveles equilibrados la oferta pública.

Y la diversidad de opciones es garantía de pluralidad para nuestra Sociedad.

Los equipamientos culturales, deportivos, de ocio, responden a las más variadas fórmulas de colaboración público privada. Consorcios, sociedades sin finalidad de lucro, empresas privadas en régimen de competencia, y toda una gama que permite disponer de tan amplia, variada y enriquecedora oferta.

Los servicios urbanos también se prestan mayoritariamente por empresas privadas, bajo diversos sistemas concesionales, de autorizaciones administrativas u otras fórmulas de colaboración público privada (gestión del ciclo del agua, tratamiento de residuos, limpieza urbana, electricidad, gas, telecomunicaciones, etc.).  Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los transportes públicos. Desde el taxi a los ferrocarriles, son o han sido en algún momento, gestionados por personas jurídicas o sociedades privadas.

En definitiva, por muy ideologizado que esté el debate, debe reconocerse que sin la colaboración de la iniciativa privada, sería imposible mantener el Estado del Bienestar que, entre todos, hemos construido.

Por tanto, lo inteligente, aquello a lo que CCIES se aplica, es promover, en cada caso, en cada circunstancia, para cada entorno y Administración, aquella fórmula de prestación de servicios que resulte más eficiente y aporte mayores beneficios a la Sociedad.

Partiendo de la premisa de que tan necesarios son los puestos de trabajo en el sector público como en el privado. Que tan estrictos deben ser el control y la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de servicio para una empresa privada que para un ente público. Que la productividad debe medirse con los mismos parámetros en cualquier escenario de prestación laboral y que nuestra obligación, la de todos, es mejorar continuamente nuestra capacidad de generación de valor, con independencia de si es público o privado el responsable de su provisión.

Muy a menudo se confunden los discursos y se valora negativamente una opción, sólo porqué  puede poner en evidencia desajustes en el funcionamiento de determinados colectivos. Cuando lo que deberíamos valorar es si el modelo sobre el que se pretende intervenir es o no perfectible, bajo otros procesos de gestión.

Esta terrible crisis, o cambio de modelo, en el que nos hallamos inmersos desde hace siete u ocho años, está siendo también una oportunidad para revisar conceptos. Entre todos hemos de ser capaces de recomponer los marcos de relaciones laborales, profesionales, empresariales y de prestación de servicios, porque solo así conseguiremos salvar este concepto de solidaridad mutua en la cobertura de servicios, que nos ha ofrecido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX nuestro Estado del Bienestar.

Para mantener las prestaciones con recursos proporcionalmente más escasos, para atender a una población, que incrementa sus demandas de servicios, va a ser necesario, inexcusablemente, optar por fórmulas innovadoras de colaboración público privada.

En nuestra opinión, en lugar de demonizar la opción, de cargarla de ideología negativa, lo que deberíamos hacer, todos, es dialogar y consensuar los criterios que permitan optimizar este nuevo escenario en el que ya nos encontramos.

Cámara de Concesionarios y empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos. 

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