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La normativa española sobre circulación viaria establece, como uno de los mecanismos para el control de la velocidad en la red viaria, el emplazamiento de radares fijos en lugares estratégicos con el fin de desincentivar la velocidad excesiva de los vehículos que por ella circulan.

La finalidad básica y principal de esta medida disuasoria es conseguir la reducción de velocidad, para así disminuir la accidentalidad y siniestralidad en esos puntos.

Como subproducto de estas disposiciones, existe la percepción de ingresos, por parte de la Administración, por la vía del cobro de sanciones por exceso de velocidad, además de la pérdida de puntos que ello supone para los conductores infractores, que al final también redunda en mayores costes, en el caso que deban recuperarlos.Falta_de_mantenimiento_de_los_radades_1

Otra externalidad positiva que genera este sistema de detección, es la reducción de emisiones de gases y partículas, por la moderación en el consumo de combustibles.

Resulta, sin embargo, que por dificultades presupuestarias de las unidades concretas de las Administraciones, algunas de las instalaciones de radares situadas ya en las carreteras, no son operativas, o por falta de mantenimiento o por vandalismo, o por otras razones y tampoco pueden ampliarse los puntos de detección.

Si la instalación, mantenimiento y gestión de estos equipos hubiera sido objeto de un contrato PPP, bajo cualquier fórmula administrativa vigente, con una parte del producto de las sanciones, podrían liquidarse los costes de la prestación de este servicio, con lo que las finalidades principales (la reducción de la siniestralidad, el cumplimiento del código de circulación y la externalidad positiva) seguirían siendo atendidas.

Probablemente, además, los ingresos públicos por sanciones también se mantendrían, o al menos su balance contable, deducidos los costes directos hoy soportados por las Administraciones.

Esta posibilidad de colaboración público privada redundaría pues en una mejora general de las condiciones de seguridad de nuestra red viaria, en una descarga de funciones no esenciales para las unidades hoy concernidas de las Administraciones y en la aparición de un segmento nuevo de servicios públicos, prestados por operadores privados, bajo criterios de competitividad, transparencia, eficacia y eficiencia.

Francesc X. Ventura i Teixidor

Vicepresidente y Presidente Comisión Técnica de Transporte de CCIES