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La promulgación de la Directiva Europea sobre Concesiones y su necesaria IMG_1383 (1)transposición en el marco legal y normativo español, abre la oportunidad para construir un nuevo modelo de relaciones entre las empresas prestadoras de servicios públicos, en los diferentes regímenes de contratación, y las Administraciones territoriales y sectoriales.

El marco normativo vigente, especialmente en el sector de las infraestructuras y la movilidad, se apoya en la Ley de Contratos del Sector Público, en la Ley de Régimen Local, en la Ley de Patrimonio, así como en diversas normativas sectoriales, de puertos, Ferrocarriles, transporte terrestre, aguas, energía, vivienda, etc. Constituye un entramado complejo, con algunas contradicciones, que ha evolucionado en el tiempo, pero que arrastra conceptos históricos, tradicionales, alejados de lo que debería ser una nueva cultura de las relaciones contractuales entre Sector Público y Empresas, en un entorno de colaboración, y una visión estructural, de un nuevo modelo de prestación de servicios al conjunto de la Sociedad, con un menor peso de las estructuras funcionariales o de Sociedades de Capital Público.

Incorporar esta visión de futuro al nuevo marco regulador de la prestación de servicios es tarea de todos, también de las empresas que hoy centran su actividad en este ámbito, y de aquellas que quieran incorporarse a él. Por ello son tan pertinentes las aportaciones de organizaciones que estructuran esta corriente de opinión, como es CCIES.

Ante la alternativa de una adecuación legislativa del marco normativo vigente o bien la formulación de un Proyecto de Ley “ex novo”, que incorpore todas las fases de los procesos de planificación, preparación, licitación, adjudicación, seguimiento y liquidación de los proyectos de prestación de servicios públicos, bajo cualquier fórmula de colaboración público privada, en un modelo de regulación y control por parte de la Administración pública, los miembros de nuestra Asociación optan, con entusiasmo, por el segundo escenario. Es una oportunidad para construir un nuevo modelo de servicio al ciudadano, acorde al siglo XXI, con las características que deberían corresponder a un País avanzado, referente mundial en este tipo de actividades.

Entre otras muchas innovaciones que una Ley de Colaboración Público Privada podría incorporar, una esencial sería, a nuestro entender, la creación de una “Agencia Estatal de Evaluación y Supervisión de Proyectos de Colaboración Público Privada”.

Existe una diversidad de entes y órganos, de cada nivel de las Administraciones, incluidas las de carácter territorial y local, con competencias para promover, licitar, ejecutar y controlar proyectos concesionales o de adjudicación de servicios públicos, en la coyuntura actual, todas ellas con una limitación de recursos, pero que afecta especialmente a las de ámbito local, que además no pueden generar economías de escalas por la especificidad y singularidad de sus proyectos concesionales.

Los criterios utilizados para estimar la viabilidad y eficiencia de estas iniciativas son pues muy heterogéneos, y desgraciadamente, no siempre se producen los resultados esperados. Los órganos de fiscalización de las mismas Administraciones detectan, algunas veces, irregularidades en estos procesos, pero siempre una vez las decisiones han sido tomadas y cuando la capacidad de corrección y enmienda es limitada, o muy costosa. En otros casos es el propio Mercado el que debe reconducir iniciativas mal formuladas, hacia otras vías de prestación de los servicios, o incluso dejando de proveerlos.

En su conjunto, estas situaciones, que no son muchas, acaban creando desconfianza y mala imagen global, acerca de la colaboración Público Privada, entre la Sociedad. La concesión, o el otorgamiento de derechos administrativos de operación de servicios, adolece además de una creciente inseguridad jurídica, de incumplimiento de los principios de equilibrio económico de la misma, de judicialización de las controversias, lógicas, suscitadas entre quienes concurren a los procesos de licitación y/o las Administraciones concernidas, cuando los pliegos no son suficientemente explícitos o pueden inducir a discrecionalidades.

Estos condicionantes de entorno no ayudan a la consolidación y crecimiento de un Sector, que abarca muchas actividades, con una gran potencialidad, y cuyo concurso figura en las agendas políticas de los principales Partidos y Organizaciones, que conducen el funcionamiento de nuestro País, como mecanismo claro de modernización y reestructuración del Sector Público.

Para dotarnos de mayor seguridad, a todos los niveles, y generar un clima de confianza institucional y ciudadana, sería muy útil, a nuestro entender, crear un Órgano de participación mixta que aportaría transparencia y fiabilidad a los procedimientos, y a todo este segmento de actividad.

La Agencia no debería, en ningún caso suplir ni las competencias de las unidades propias de  las Administraciones, ni tampoco las del Consejo Superior de los Mercados y la Defensa de la Competencia, ni, por supuesto, las de los órganos de supervisión de la contratación pública, Tribunales de Cuentas o IGAE.

La Agencia debería conformarse como una, la primera, iniciativa de colaboración público privada, ser dotada de personalidad jurídica propia, de carácter independiente, soportada presupuestariamente por las aportaciones de las organizaciones que en ella se integraran inicialmente, así como por las cuotas de emisión de calificaciones de proyectos y otros servicios que prestara al Sector.

Una agencia participativa, integradora, ágil, transparente e independiente, la cual pudiera actuar eficazmente, no burocratizarse, responder a necesidades cambiantes, evolucionar, en función de los intereses del Sector, lo que respondería a una garantía de su utilidad y oportunidad.

Por todo lo referido anteriormente consideramos que España, las empresas concesionarias españolas, los ciudadanos, necesitamos recomponer el Sector de los servicios públicos, conseguir hacerlo eficiente, en interés de todos; herramientas como la Agencia de Evaluación y Supervisión de Proyectos PPP pueden hacer el camino más fácil.

Miembros de la Comisión de Expertos de la Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos.