Barcelona, 3 de octubre de 2013.- En referencia a la intervención del
ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, en el Consejo de
Ministros celebrado el pasado 27 de septiembre y sobre la aprobación, por
parte del Gobierno de España, de un denominado Anteproyecto de Ley de
“Desindexación”, la Cámara de Concesionarios y Empresas
vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras,
los Equipamientos y Servicios Públicos, que agrupa a entidades de
diversos sectores productivos dedicados a la prestación de este tipo de
actividades sujetas a regímenes de colaboración público privada, se
considera en la obligación de expresar su preocupación por las
consecuencias que la adopción de una disposición legal de estas
características pudiera comportar al conjunto de la Economía y la Sociedad
españolas.

El Gobierno ya intentó, en diversas ocasiones, por la vía de disposiciones
reglamentarias y legislativas, modificar las condiciones contractuales que
rigen las contraprestaciones económicas derivadas de la prestación de
servicios públicos, afectos a regímenes concesionales, de autorizaciones
administrativas o sujetos a regulación de precios.

La conflictividad jurídica generada por estas disposiciones comportó una
pérdida de recursos públicos, con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, pero sobretodo, una quiebra de la confianza institucional y de la
seguridad jurídica y contractual, que deberían regir las condiciones
contractuales de los procesos de colaboración público privada en España con
gran repercusión internacional.

Desgraciadamente, en los últimos años, se han repetido episodios, de diversa
índole (el caso de las subvenciones para la implantación de plantas de
producción de energías renovables, p.ej.), que afectan nuestra credibilidad
en este sector, dándose la paradoja, por otra parte, de que algunas empresas
españolas son referente mundial en el sector de las concesiones públicas.

Ante una pretendida nueva iniciativa legislativa en este sentido, debemos
alertar de los riesgos potenciales que pudieran producirse, tanto a nivel
interno, como especialmente, ante los analistas de inversiones
internacionales.

En primer lugar debe destacarse el impacto sobre las condiciones de
prestación de los servicios públicos, en el supuesto de aplicación de una
medida que redujera las contraprestaciones económicas derivadas de los
mismos. O por la vía de la revisión de las condiciones laborales o por la vía
de la renegociación de los contratos de aprovisionamiento o de la calidad
de la oferta de los servicios, habría que recuperar el equilibrio económico
financiero de las concesiones y de las cuentas de explotación de las
empresas afectadas. En definitiva, tanto las empresas, directa o
indirectamente implicadas en este sector, como sus trabajadores y los
usuarios de los servicios, deberían soportar, en alguna medida, el impacto
de esta disposición.

Por otra parte, una revisión unilateral de un gran número de contratos o
autorizaciones administrativas, supondría, nuevamente, una pérdida, de
consecuencias imprevisibles, en la confianza de las relaciones económico
contractuales entre Instituciones y Sector Privado, actualmente ya muy
deteriorada (no se trata tan sólo de grandes corporaciones multinacionales,
se trata de todo un tejido empresarial, que basa su actividad de negocio en
la prestación de servicios, por cuenta de las diversas Administraciones
públicas. Servicios municipales, autonómicos, de carácter social, deportivo,
educativo, cultural, de movilidad, servicios básicos como la recogida de
basuras, el ciclo del agua, etc. La referencia informativa a posibles
renuncias a las obligaciones y derechos de los contratos vigentes se nos
antoja, en este sentido, absolutamente quimérica. La desestabilización
empresarial y social que supondría sería de consecuencias imprevisibles.

Pero mucho más preocupantes son las consecuencias sobre proyectos
futuros. Ante iniciativas de este tipo, los mercados financieros reaccionan,
lógicamente, incrementando la prima de riesgo País. En algunos casos
encareciendo el coste global del proyecto empresarial, en otros
simplemente haciendo inviable su concreción. Este escenario, en unos
momentos en que España tan necesitada está de Capital y de Financiación,
es especialmente preocupante.

Por todo ello debemos solicitar al Gobierno la revisión de esta iniciativa y si
es el caso, la creación de un grupo de trabajo, integrado por expertos, con
participación de las organizaciones representativas del sector, CCIES entre
ellas, que analice las medidas alternativas posibles y el conjunto de sus
efectos sobre la Economía y la Sociedad españolas y que tenga como
objetivo esencial evitar nuevas tensiones, que en lugar de dar impulso a la
actividad, pudieran conducir a escenarios absolutamente contrarios.