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Existe una tradición bimilenaria de colaboración publico privada en la Península Ibérica, que nace de nuestros primeros colonizadores mediterráneos. Estos procesos de otorgamiento de derechos de prestación de servicios públicos no fueron nunca interpretados por la ciudadanía como un ejercicio de compartición de responsabilidades entre Administración y Concesionario (en el sentido mas extenso de la palabra), sino mas bien como un mecanismo de repartición de prebendas por parte del Poder Publico, fuera este el que fuera.

 

Ni la implantación de regímenes democráticos parlamentarios y mucho menos los periodos oscuros de dictaduras vividas, han conseguido desmontar este sentimiento muy enraizado en el sentir popular.

 

Sin embargo son cientos de miles las empresas, y sin duda, millones los trabajadores y proveedores, que de una u otra manera estan vinculados a toda suerte de relaciones mercantiles entre las Administraciones Públicas y el Sector Privado. Llámense empresas reguladas, sujetas a autorizaciones administrativas, afectadas por precios de resolución pública, o directamente concesionarias de infraestructuras, equipamientos o servicios públicos.

 

Como puede ser entonces que un mecanismo de prestación de servicios, que directa o indirectamente afecta prácticamente al conjunto de la sociedad española despierte aun tanto escepticismo, cuando no oposición y rechazo y su vez se le achaquen muchos de los males de la actual coyuntura económica, cuando en realidad es y debería ser, aun mas, el principal eslabón del cambio de modelo, tanto en la gestión de los recursos públicos, como en el proceso de recuperación económica que este País necesita ineludiblemente realizar cuanto antes.

 

España dispone, en este sentido, de un bagaje de experiencia y conocimiento que bien encauzado, puede permitirnos realizar con mayor agilidad el tránsito a una Administración racional, ágil, eficiente, equilibrada en cuanto a gasto publico, sin que ello comporte una pérdida del nivel de calidad de vida de sus ciudadanos, ni una regresión en el modelo de Estado de Bienestar construido en los últimos decenios.

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